2ª parte de la serie sobre Xinjiang
Después de haber analizado la situación de los uigures en la entrada anterior, en esta ocasión analizaremos el papel que juega la cuestión uigur en las relaciones entre China y EE. UU. En concreto, repasaremos cuál fue su rol en las tensiones entre ambos países, especialmente entre 2020 y 2022.
A pesar de que las relaciones bilaterales llevaban tiempo en horas bajas, la pandemia de Covid-19 provocó que se agravasen. Además de las acusaciones relacionadas con su gestión, Estados Unidos criticó la situación de los derechos humanos en Xinjiang. Asimismo, en julio de 2020 el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra empresas y funcionarios chinos en la región. El pretexto esgrimido fue su «conexión con graves abusos contra los derechos humanos de minorías étnicas en Xinjiang, que incluirían supuestas detenciones masivas y maltrato físico severo».
Sin embargo, la cuestión uigur llevaba tiempo siendo motivo de controversia entre ambos países. En esta entrada nos centraremos en el ámbito de los derechos humanos. Las siguientes, en cambio, trataran la polémica en torno al ETIM y su actividad en Siria.
La cuestión uigur copa portadas: los «campos de reeducación»
En 2018, Radio Free Asia se hizo eco de que «120.000 uigures estaban detenidos en campos de reeducación» en la prefectura de Kashgar (fronteriza con Kirguistán y Tayikistán). Posteriormente, algunos medios informarían de un «millón y medio» de internos en estos centros. Si fuera cierto, un sexto de la población musulmana de Xinjiang habría pasado por ellos. Adrian Zenz, Senior Fellow y director del área de Estudios Chinos en la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, fue quien propuso la cifra. Sin embargo, él mismo reconoció que era fruto de una especulación.
Al año siguiente, empezarían a aparecer «pruebas» que avalaban estas informaciones. En noviembre, The New York Times advirtió sobre unos documentos del gobierno chino sobre el sistema de reeducación en Xinjiang. En total, se hicieron públicas más de 400 páginas, lo que la convertiría en la mayor filtración de documentación interna de China. Asiye Abdulahe, una uigur residente en Países Bajos, afirmó haberlos filtrado.
No obstante, el diario sólo mostró páginas sueltas y desordenadas a sus lectores. Enseñó capturas del resto, que resultaban ilegibles. Además, el medio admitió haberlos «reescrito» para eliminar cualquier marca identificativa. Por otro lado, su contenido no coincide con lo que publicó el International Consortium on Investigative Journalism (ICIJ), el primer organismo en recibirlos. Éste último tampoco publicó la documentación en su totalidad.
Por otro lado, Zenz y James Mulvenon, vicepresidente de Defense Group, Inc., dieron fe de su veracidad. Sin embargo, ambos tienen lazos con el gobierno de EE. UU. Así pues, existen dudas sobre su imparcialidad a la hora de investigar la cuestión uigur. Lo mismo ocurre con Radio Free Asia, el primer medio de comunicación en hablar sobre los «campos de reeducación»: recibe financiación por parte de los Estados Unidos.
Finalmente, el gobierno chino negó la existencia de dicha documentación. Incluso, el embajador de China en el Reino Unido los llamó «burda falsificación».
«Son centros de formación profesional». La versión de China
Pese a todo, China admitió la existencia de «centros de educación vocacional» en Xinjiang en 2019. Formarían parte de varias medidas de prevención del terrorismo, fruto de la ley antiterrorista aprobada en 2015. La norma se aprobó tras los atentados de 2013 y 2014, cometidos por el ETIM, un grupo terrorista formado por islamistas uigures del que hablaremos en la próxima entrada.
La norma sentaba las bases para combatir el terrorismo desde todos los frentes posibles. Uno de sus ejes era el de la prevención de la radicalización. Para los que habían cometido faltas leves, el artículo 29 pedía al entorno que los «ayudase y formase». Para los condenados a prisión, en cambio, el artículo 30 decretaba que pasasen por un curso de formación si la reinserción había fallado.
En cuanto a este último grupo, las autoridades provinciales debían valorar cada año el riesgo que suponía para la sociedad. Además, los internos podían apelar esta decisión. Por otro lado, los centros se situaban en zonas fronterizas, consideradas de mayor riesgo. La mayoría, en las prefecturas de Hotan, Kashgar, Aksu y la Prefectura Autónoma Kirguís de Kizilsu.
Siempre según el gobierno chino, los internos de estos centros recibían clases de mandarín, leyes y formación profesional. Además, podían elegir formarse en áreas como confección, procesamiento de alimentos o comercio electrónico. De esta manera, el sistema sería similar a programas de prevención de delincuencia de EE. UU., Reino Unido o Francia.
Las denuncias por «trabajos forzados»
Sin embargo, el gobierno de EE. UU. siguió llamándolos «campos de concentración». En ellos, según el Departamento de Trabajo, los internos eran sometidos a trabajos forzados de todo tipo. Además, sugirió en 2020 que los programas de «alivio de la pobreza» también se basaban en dicha mano de obra.
Por esta razón, la administración Biden aprobó la Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) en 2021. La norma buscaba prohibir la importación de productos «vinculados al trabajo forzado» en Xinjiang. Para ello, el Departamento de Seguridad Nacional compiló una lista de empresas a las que acusaba de haber empleado mano de obra forzada. De entre todas ellas, destaca el Xinjiang Production and Construction Corps, una entidad sancionada por el gobierno estadounidense en 2020.
Según EE. UU., los sectores con más mano de obra esclava serían la agricultura y la manufactura textil. Sin embargo, la norma incluye a empresas mineras, tecnológicas o de la industria agroalimentaria. De todas ellas, la que ha recibido más críticas públicas es la del algodón. Por esta razón, el gobierno de EE. UU. prohibió que la industria textil utilizase este material en 2022. China acusó a la administración Biden de causar grandes problemas a los productores globales de la industria textil al aprobarla.
Asimismo, los consumidores chinos boicotearon a empresas globales como H&M y Nike. La causa del boicot fue un comunicado en que ambas empresas mostraban su «preocupación» por el uso de algodón de Xinjiang. Nike, en concreto, lanzó un comunicado en el que negaba que sus proveedores empleasen a mano de obra procedente de la región. Por su parte, la textil sueca regresó a la plataforma TMall, propiedad de Alibaba, en agosto de 2022. Así terminaban 16 meses de ausencia de la marca del comercio electrónico chino.
La escalada en la cuestión uigur: acusaciones genocidio contra China
Las acusaciones contra China no se quedaron ahí: en 2021, los parlamentos de diversos países (EE. UU., Australia, Canadá y Reino Unido) calificaron lo que ocurría en Xinjiang de «genocidio». Según ellos, el gobierno chino estaría esterilizando a mujeres uigures a la fuerza o separando a los niños de sus padres, entre otros crímenes. Todo ello, con el objetivo de borrar la identidad de las minorías musulmanas de la región. No fueron los primeros en hablar en esos términos: en 2020, un asesor de Seguridad Nacional de EE. UU. afirmó que en Xinjiang estaba ocurriendo «algo parecido a un genocidio». Entre otras cosas, llegó a decir que «los chinos están afeitando las cabezas de las mujeres uigures y fabricando productos para el cabello y llevándolos a Estados Unidos».
Dichas declaraciones siguieron la estela de organizaciones de exiliados uigures como World Uyghur Congress o Uyghur Human Rights Project. Ambas presentaron una querella contra China ante la Corte Penal Internacional, acusando al país asiático de genocidio. Sin embargo, no prosperó: el gobierno chino no reconoce la autoridad de la CPI y, además, el tribunal se negó a investigar supuestos crímenes cometidos en otros países. Hace falta destacar que tanto WUC como UHRP recibieron ayudas del National Endowment for Democracy. Esta fundación, financiada por el Congreso de EE. UU., tiene como objetivo «el fortalecimiento de la democracia alrededor del mundo».
Por otro lado, EE. UU. y el Reino Unido llamaron a un boicot diplomático de los JJOO de invierno Beijing 2022 por los «crímenes» de China en Xinjiang. Sin embargo, los deportistas de ambos países compitieron con normalidad.
El debate sobre la cuestión uigur, en la ONU
Además de la querella ante la CPI, WUC y UHRP llevaron la cuestión uigur a la ONU. En concreto, el 1 de julio de 2020 presentaron un informe en el que «acreditaban» que China violaba la libertad religiosa de los musulmanes de Xinjiang. Sin embargo, aún no usaron el término «genocidio» en dicho texto.
Asimismo, 39 países firmaron una carta en la que mostraban su preocupación por las «violaciones de derechos humanos en Xinjiang, Hong Kong y el Tíbet». En el texto, mencionaban la existencia de los «campos de reeducación política» y las violaciones de derechos humanos de las minorías étnicas. Además, pedían que China dejase acceder a la entonces Comisaria de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a la región uigur. Ya había pedido acceder a Xinjiang en 2018. Bachelet visitó China en mayo de 2022. A su regreso, elogió los avances en materias como la lucha contra la pobreza o los derechos de las mujeres. Por otro lado, mostró su preocupación por el impacto de la política antiterrorista en la situación de uigures y otras minorías en Xinjiang. No obstante, su postura suscitó acusaciones de «blanqueo» de China.
Tras la visita, la Comisaria comunicó que no se presentaría a un segundo mandato al frente del organismo. No faltó quien la relacionó con el resultado de su viaje al gigante asiático, aunque ella adujo que la había tomado por motivos personales. Por otro lado, denunció presiones «desde todos los lados» en relación a la publicación o no de su informe al resto. Finalmente, el texto se publicó el 31 de agosto, minutos después de que terminase su mandato. En él, Bachelet mostró su preocupación sobre las violaciones de derechos humanos que se habrían producido en el marco de la política antiterrorista del gobierno. Según consta en el escrito, éstas incluirían medicación forzada o diversas formas de violencia contra las mujeres, entre otras.
Sin embargo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU rechazó debatir sobre las conclusiones del informe de Bachelet. La decisión se tomó por 19 votos en contra de publicarlo, 17 a favor y 11 abstenciones. Entre los que votaron en contra, destacan países mayormente musulmanes como Indonesia o Pakistán, mientras que otros como Ucrania o la India se abstuvieron.
El futuro de la cuestión uigur
Además de las sanciones u otras formas de castigo contra China, el gobierno de EE. UU. también eliminó al ETIM de su lista de grupos terroristas. Este movimiento aumentó aún más las tensiones entre ambos países, tal y como explicamos en la próxima entrada.
Desde 2022, otros asuntos restaron relevancia a la cuestión uigur en las relaciones bilaterales. Los más destacados son la guerra tecnológica, Taiwán o la postura de China ante la guerra de Ucrania. Sin embargo, el Congreso de EE. UU. siguió investigando la situación en Xinjiang en 2023.
Teniendo en cuenta que las relaciones bilaterales están en su momento más bajo desde el fin de la Guerra Fría, es probable que la cuestión uigur siga teniendo relevancia en el futuro. Sin embargo, hará falta ver si otros motivos de tensión acaban por eclipsarla.